El mal ejemplo de una Administración morosa

La cadena de impagos generada por la crisis financiera ha hecho florecer, en consonancia, llamadas a la responsabilidad por parte de la clase política para que las empresas no se ahoguen unas a otras.

Sin embargo, junto al estrechamiento del flujo de crédito al sector privado, subsiste también una realidad ciertamente contradictoria. Las administraciones, especialmente autonómicas y locales, se acostumbraron a vivir en la cresta de la ola del boom inmobiliario y la boyante recaudación que generaba. Pero cuando este esquema se quebró, comenzaron a descuidar el pago de las facturas pendientes.

Los paganos de esto son los contribuyentes y las empresas. Los primeros ven como el recurso a la deuda pública ha servido para suplir la pérdida de ingresos de la recaudación fiscal, trasladando una pesada hipoteca a las generaciones futuras. Mientras, las compañías acreedoras de la Administración ven comprometida su viabilidad por estos impagos.

El mal ejemplo de una Administración morosa

Ni siquiera la aprobación en 2004 de la ley contra la morosidad sirvió para espolear un cambio. Ha tenido que ser una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, impulsada por CiU y aprobada por el resto de grupos, la que ponga coto a este comportamiento: las diferentes ramas del Estado deberán pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días, frente a los 138 actuales.

Los vicios de mal pagador enquistados en las diferentes administraciones han generado situaciones insostenibles, como la que afecta al sector eléctrico.

Ante la próxima liberalización del mercado de la electricidad, cientos de ayuntamientos han hecho oídos sordos a las reclamaciones de las compañías suministradoras, que durante el último año les han urgido a que regularicen sus pagos para evitar el corte del suministro.

Un mal ejemplo del sector público, que a cualquier ciudadano le hubiese costado quedarse sin luz en casa y que amenaza con comprometer el éxito de la liberalización de la tarifa, debido a que la mayoría de ellos forman parte de la categoría de contratos de alta tensión.

El paroxismo llega al punto máximo de que su dejadez ha derivado en que, en buena parte de los casos, se les han aplicado recargos por no estar al corriente de los pagos ni acogerse al mercado liberalizado.

El Gobierno tiene aquí un buen punto de partida para emprender alguna de las reformas estructurales que precisa la economía. Lástima que los fondos extraordinarios que dotó para los ayuntamientos se perdiesen en un pozo de pequeños proyectos de escaso calado en la actividad económica (muchos ya estaban ejecutados antes de asignarse la financiación) en vez de contribuir a engrasar el motor gripado de la liquidez.

Fuente: Expansión.com