El exponencial aumento de la morosidad sigue sin conceder tregua. Los impagos de los créditos concedidos por las entidades financieras a particulares y empresas aumentaron en agosto hasta el 2,44%, situándose así en las tasa más elevada desde mayo de 1998.
Se confirma un mes más la tendencia de las cajas a sufrir con mayor intensidad la morosidad, que se sitúa ya en el 2,9%, después de que el 60% del crédito dudoso en agosto correspondiera a estas entidades. Los fallidos aumentaron en más de 5.300 millones respecto a julio, y se elevan ya a 43.700 millones.
Un volumen que triplica al registrado hace apenas un año, y que ilustra la gravedad de la situación por la velocidad con la que aumenta la morosidad, que podría alcanzar el próximo año el 5%, según los temores manifestados por el propio sector y que adquiriría consecuencias dramáticas para muchas entidades. Estos datos ponen de relieve el agravamiento y la dimensión de la crisis en España, que está dejando a muchísimas familias sin recursos para devolver sus préstamos.
Las expectativas para el próximo año hacen temer un severo recrudecimiento de la situación, en un contexto de recesión y una previsible tasa de paro que podría superar el 16%. El comisario Almunia advirtió ayer, de hecho, que las entidades financieras se enfrentan a una “segunda oleada de impacto negativo” por las “dificultades adicionales” derivadas de la menor actividad económica y por tanto de la jibarización del negocio.
En este escenario parece muy complicado evitar que el dinero que llegue a las entidades fruto de la compra de activos por parte del Estado –entre 30.000 y 50.000 millones– no se quede en éstas ante la necesidad perentoria de recomponer sus balances, en lugar de alimentar nuevos créditos. Pero aun así, habida cuenta de que lo peor de la crisis no ha pasado, será inevitable recurrir a las fusiones corporativas, como recordaba esta semana el presidente Zapatero.
Esta opción no debe verse sólo como una salida a la desesperada sino como una vía para aprovechar la circunstancia estimulando un nuevo ajuste en el sector financiero español, demasiado atomizado aún, y politizado, si se considera la fragmentación que existe en el ámbito de las cajas de ahorros, con 45 entidades.
No se trata ni de salvar la cara a los políticos ni mucho menos de reforzar el poder de estos en las entidades, sino de promover un proceso que traiga más racionalidad, eficiencia y competitividad al sector financiero español.
Fuente: Expansión
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