Hacía 20 meses que por el despacho del abogado Jordi Galdeano no se acercaba un cliente para que le defendiera en un pleito por impago de la hipoteca. En la primera quincena de este mes han acudido tres personas. Es una evidencia de los efectos que está teniendo la crisis económica sobre las familias, que se traduce en un aumento de las demandas judiciales por el impago de préstamos hipotecarios, de otros créditos y de facturas muy diversas.
Y es que durante el primer semestre de 2007 se presentaron en los juzgados de primera instancia de la ciudad 194 demandas de ejecución hipotecaria por impago, mientras que en los seis primeros de este año fueron 435. Es decir, el 126% más.
“No cogí ninguno de los tres casos porque no hay nada que hacer. No se puede defender al cliente si no tiene bienes para renegociar la deuda con el banco, excepto el piso hipotecado“, explica Galdeano. Eso quiere decir que la entidad bancaria ejercerá su derecho a cobrar y la vivienda saldrá a subasta pública en un proceso que puede tardar de ocho a seis meses, según las estimaciones de Mireia Borguño, titular del Juzgado de Primera Instancia número 54 de Barcelona y decana delegada de la jurisdicción civil. Si el banco no cubre la totalidad de la deuda, seguirá persiguiendo a quien la contrajo para que abone la diferencia entre la hipoteca pendiente y el precio por el que se adjudicó el piso.
La crisis económica está detrás de esas situaciones, pero el consumo desmedido que se ha producido estos años explica los aprietos que están pasando actualmente miles y miles de familias. En los juzgados también se refleja esta situación. Los procedimientos monitorios, que son los derivados del impago de facturas de hasta 30.000 euros, aumentaron el 36% durante el primer semestre en la ciudad de Barcelona. De enero a junio de 2007 se presentaron 9.039 asuntos y este año han sido 12.299.
En todos los casos son deudas contraídas por bienes de consumo de lo más variopinto. “Mucha gente se ha embarcado en compras a plazos de enciclopedias, cursos de inglés, electrodomésticos o un vehículo, y ahora ven que no lo pueden pagar“, explica una magistrada civil de Barcelona. En su juzgado han entrado en septiembre una media de cuatro asuntos diarios de ese tipo. La mayoría de esas deudas oscilan entre 1.000 y 12.000 euros.
Un empleado de una empresa de recobros cuyo trabajo consiste en intentar cobrar esas deudas explica que lo que entra en los juzgados es sólo “una enésima parte de la realidad", porque los bancos son reacios a demandar por pequeños importes. Según sus estimaciones, los impagos por este tipo de créditos personales han aumentado el 40% en los últimos meses, sobre todo por deudas inferiores a 6.000 euros. La entidad bancaria intentará cobrar por todos los medios, pero buena parte de esas deudas quedarán pendientes. Al final, como ya está ocurriendo, cuando se acumula un paquete de impagados, el banco acaba cediendo los derechos sobre esos clientes a sociedades especializadas, que compran esas carteras de “fallidos” por el 15% o el 20% de su importe total. Posteriormente estas empresas intentarán de nuevo que el ciudadano pague.
Fuente: El País
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